*Inversión sólo sin corrupción ni impunidad y con Estado de derecho

Miguel A. Rocha Valencia

Una vez más, como hace más de dos años, los empresarios fueron a tomarse la foto a Palacio Nacional y ofrecieron caminar de la mano con el gobierno de la 4T realizando inversiones, pero a cambio insistieron en que se necesita preservar el grado de inversión, cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, combatir la corrupción y la impunidad, y fortalecer el Estado de derecho.

Nuevamente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Medina Mora, quien ya se volvió visitante frecuente de Palacio Nacional para tomarse la foto con la presidenta, ofreció las mismas inversiones del principio de sexenio y caminar de la mano con el gobierno.

Pero, al igual que lo hicieran antes de iniciar este sexenio, ofreció acompañar a quienes viven en la informalidad para que puedan incorporarse a la economía formal. Anunció que el “CCE definirá su visión para los próximos 50 años y para ello realizará foros regionales con la participación de todos los sectores, de todas las regiones y de empresas de todos los tamaños”.

Es decir, que las tan llevadas y traídas inversiones no van a fluir, al menos no en el corto ni mediano plazos. Con el gobierno de la 4T, “si bien hay diferencias, con el diálogo se encuentran coincidencias que se conviertan en acciones para enfrentar los retos juntos, gobierno, sector privado y sociedad”, dijo.

Y nuevamente se volvieron a plantear las condicionantes para que los 300 mil millones de dólares ofrecidos en inversiones se lleven a cabo, como combatir la corrupción y la impunidad, así como fortalecer el Estado de derecho.

Lo mismo que antes y que no se va a lograr en el corto plazo. Con ello, la variable de preservar el grado de inversión también queda en el aire, ya que las condiciones para lograrlo son cada vez más débiles “gracias” a la herencia del obradorato, con su déficit fiscal de casi seis por ciento y el endeudamiento de casi ocho billones de dólares, con un promedio de crecimiento menor al uno por ciento sexenal.

Porque las asignaciones de seguridad, combate a la corrupción e impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho se ven muy lejos de ser metas cumplidas y, por ser herencia del pasado reciente, parecen ser distintivo de la Cuarta Transformación, frente al cual parece no haber remedio.

Así que Medina Mora y sus cuates empresarios, al igual que desde aquel junio de 2024, fueron a tomarse la foto a Palacio, con las mismas promesas y reclamos, lo cual significa que estamos donde inició este sexenio, donde no sólo no se cumplieron las peticiones empresariales para colocar primero 70 mil millones de dólares y después 300 mil, sino que sí se realizaron las reformas que destruyeron el andamiaje judicial y cuyos restos sometieron al Ejecutivo, como lo vemos hoy con el caso de la exjueza Martha Magaña López.

Esta exjueza, que ya vive desde tiempo atrás en Madrid, España, fue requerida por la “Santa Inquisición” creada por la reforma judicial, bajo el nombre de Tribunal de Disciplina Judicial Federal, por haber otorgado una de las suspensiones que se libraron contra la destrucción del Poder Judicial.

Amparo que la mayoría de Morena en el Congreso violó flagrantemente y, por ese solo hecho, la tal reforma debería ser nula. Pero, a cambio, hoy se pretende, en revancha, juzgar a una jueza cuyo mandato no fue obedecido por el Poder Legislativo.

Eso es lo que pone en entredicho al Estado de derecho en México y eso será, hoy y muchos años más, un obstáculo para que la inversión privada fluya, pues está claro que la judicatura federal y la Suprema Corte de Justicia, así como el tal tribunal, son apéndices del Poder Ejecutivo para sus venganzas y para advertir que la única ley que vale en México es la que se dicta desde Palacio Nacional y que nadie, juez, magistrado o ministro, puede desobedecer porque, si lo hace, será enjuiciado y castigado.