Gobierno de facto: El reciente motín registrado en octubre de 2026 en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, exhibe una profunda crisis nacional y la consolidación del régimen de autogobierno al interior del sistema carcelario mexicano. Este enfrentamiento armado con un saldo de diez personas fallecidas y 16 heridas, no es un hecho aislado, sino el reflejo de la pérdida de control institucional frente a los grupos del crimen organizado que operan desde adentro. Durante la reyerta, quedó en evidencia que las facciones criminales no solo poseen armas ocultas en los módulos, sino que operan con impunidad mientras los custodios se ven rebasados por la violencia. Además, los posteriores operativos sorpresa de las autoridades revelaron el grado de operación ilícita con el que subsisten los reclusos, a quienes se les decomisaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos e incluso módems para conexión a internet. Todo esto confirma que las prisiones mexicanas, lejos de fungir como espacios de readaptación se transformaron en bastiones donde los internos imponen sus propias leyes, regulan la economía del penal y mantienen intactas sus estructuras delictivas para seguir operando hacia el exterior, evidenciando la falta de control gubernamental.
SOS: Esta crisis de gobernabilidad está ligada al problema del hacinamiento, ya que la población penitenciaria en México alcanzó niveles históricos, superando los 260 mil internos a nivel federal y estatal durante el 2025. De acuerdo con informes, el país registró una tasa que supera el promedio global, donde más del 40 por ciento de los reclusos se encuentran en prisión preventiva sin sentencia firme. Ante esta saturación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, emitió múltiples recomendaciones dirigidas a las autoridades alertando sobre violaciones sistemáticas.
Los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria elaborados por este organismo enfatizando de forma reiterada la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las deficientes condiciones materiales de las instalaciones y la existencia de prácticas de autogobierno o cogobierno en decenas de prisiones,. Las recomendaciones de la CNDH subrayaron que el hacinamiento y la falta de programas efectivos de trabajo y capacitación imposibilitan la verdadera reinserción social, propiciando en su lugar un ambiente donde prolifera el maltrato, la tortura y los constantes motines violentos.
En esta consistencias de corrupción, la extorsión interna y el secuestro exprés continúan siendo prácticas habituales y lucrativas, debido a que las células delictivas que controlan los pabellones exigen cuotas o amenazan a los reclusos y a sus familias apoyados de la nula gobernabilidad.
Este fenómeno de violencia y descontrol se concentra primordialmente en los centros considerados como los más peligrosos del país, destacando de forma recurrente los penales ubicados en el Estado de México, Guerrero y Sinaloa.
A nivel institucional, la dependencia encargada de supervisar el funcionamiento, la seguridad y las políticas de rehabilitación en el ámbito federal es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. El actual titular de esta dependencia es Jacobo Olaf Rodríguez García, quien enfrenta el reto de pacificar esta infraestructura rebasadas por la delincuencia. Finalmente, ante la duda de quién es el Del Castillo Sinaloa, es imperativo aclarar que no se trata de una persona, líder de cártel o funcionario, sino que es el nombre con el que se conoce precisamente al Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán.
