Escenarios: La crisis estructural que arrastra el Instituto Mexicano del Seguro Social no surgió en 24 horas , pero la pandemia de Covid-19 funcionó como un implacable catalizador que desnudó décadas de desatención operativa y saturación crónica.
Durante la emergencia sanitaria, el personal de salud enfrentó jornadas extenuantes en condiciones precarias, con escasez crítica de insumos elementales, falta de equipos de protección adecuados y una sobrecarga que derivó en agotamiento físico y emocional masivo.
Este escenario catalizó una ruptura política en el ámbito gremial: por un lado, la dirigencia oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) mantuvo una postura complaciente y alineada a las directrices de la administración federal, minimizando los reclamos de base a cambio de preservar cotos de poder y privilegios burocráticos; por el otro, la disidencia sindical emergió con fuerza desde las salas de urgencias y pabellones clínicos, denunciando el abandono institucional, la complicidad del sindicato corporativo ante las muertes de cientos de compañeros y la ausencia de una defensa auténtica de los derechos laborales y de seguridad biológica en el terreno de trabajo diario.
Detrás del deterioro en las condiciones laborales prevaleció una decisión financiera transexenal que dividió de raíz a las generaciones de trabajadores: la modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del contrato colectivo, pactada a mediados de la década de 2000.
Ante un déficit actuarial colosal que amenaza la viabilidad económica del instituto y absorbe una porción insostenible del presupuesto operativo, las autoridades federales y la cúpula sindical acordaron cancelar el esquema de beneficio definido para las nuevas contrataciones.
A partir de esa reforma, los médicos, médicas y personal de enfermería de reciente ingreso fueron orillados al sistema de cuentas individuales administradas por Afores, perdiendo el derecho a una jubilación dinámica ligada al salario integrado tras 28 o 30 años de servicio sin límite de edad. Esta medida desmanteló el incentivo histórico de pertenencia a la institución, instaurando un régimen de dos velocidades dentro de los mismos hospitales, donde dos profesionistas desempeñan exactamente las mismas funciones de alta complejidad y riesgo pero enfrentan horizontes de retiro radicalmente opuestos: uno con pensión digna garantizada de por vida y otro condenado a la incertidumbre financiera del ahorro individual.
Incertidumbre: El descontento acumulado desemboca en movilizaciones crecientes y en la advertencia vigente de un plantón nacional, impulsado por una base que exige reivindicaciones impostergables. Entre los reclamos centrales destacan el abasto real y sostenido de medicamentos, materiales de curación e instrumental médico; la homologación salarial y basificación transparente de miles de trabajadores eventuales que sostuvieron la atención durante las etapas más críticas; la auditoría a las cuotas sindicales; el cese al acoso laboral hacia las voces críticas y la reapertura del debate en torno a un retiro digno y universal.
En el epicentro de este conflicto se ubica la responsabilidad política y de gestión de Zoé Robledo al frente de la dirección general del IMSS. Si bien las fallas de infraestructura y los recortes al régimen de pensiones constituyen un legado heredado de administraciones previas, a la actual gestión le corresponde responder por la opacidad en las compras consolidadas, el colapso recurrente en las cadenas de suministro farmacéutico, la lentitud administrativa y la apuesta por pactar con el liderazgo sindical tradicional en lugar de escuchar el reclamo legítimo de los centros hospitalarios, consolidando un malestar donde la precarización del trabajador incide directamente en la calidad del servicio que reciben millones de derechohabientes.
