Desastres naturales, de la mano con despojos

El despojo sistemático en Quintana Roo vulnera derecho a la propiedad.Delincuencia y servidores públicos coludidos para quedarse con inmuebles. Alta plusvalía en Quintana Roo estimula comisión del delito de despojo.

Por Graciela Machuca Martínez

El sistema de procuración y administración de justicia en Quintana Roo enfrenta un gran reto, porque se ha identificado que una amplia red de la delincuencia organizada se encuentra detrás del despojo de tierras, predios e inmuebles a lo largo y ancho de la entidad, una tarea que se busca sacar adelante desde la Fiscalía General de Quintana Roo.
Recientemente, el fiscal de la entidad, Oscar Montes de Oca Rosales, al ser entrevistado para Radio Fórmula desde la Ciudad de México, declaró que al tener Quintana Roo, una de las plusvalías más altas del país, históricamente la tenencia de la tierra se ha visto afectada.
El fiscal quintanarroense señala que hay organizaciones delictivas dedicadas al despojo, “hay varios factores criminógenos lo que llevan a estas personas a tratar de afectar el patrimonio de los quintanarroenses y se valen de la violencia, de la falsificación de documentos, simulación de actos jurídicos, incluso de las instituciones, porque a través de actos de corrupción de servidores públicos deshonestos, pues lo que empiezan con una falsedad terminan haciendo una verdad legal”.
Al complicarse la situación jurídica de un inmueble se complica la situación jurídica para la víctima “para dar un retroceso a toda esta dinámica delictiva que llevan a cabo estos sujetos, pero estamos muy atentos a eso, hemos estado trabajando mucho con la sociedad civil y ahora vamos a firmar un convenio con los jueces, las juntas de conciliación y arbitraje para efecto de evitar que se sigan practicando estas anomalías”.

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EXTRANJEROS LOS AFECTADOS

Si bien es cierto que los ejidatarios y otras personas de escasos recursos económicos resultan afectados con estas prácticas delincuenciales, también extranjeros “no están atentos de sus bienes y se aprovechan de estas situaciones estos sujetos”.
En Quintana Roo tenemos documentados infinidad de casos por todos los 11 municipios, donde la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del estado, permiten que la impunidad sea la que gobierne y que las víctimas pierdan sus propiedades a pesar de tener la propiedad legalmente constituida.
La Fiscalía y otras autoridades trabajan de forma conjunta con el sector empresarial y organizaciones ciudadanas desde la Mesa de Seguridad y Justicia, en la que participan organizaciones como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
En el trabajo de investigación que se hace desde la Fiscalía participa el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, instancia que en el ejercicio de sus funciones “dará cuenta y proporcionará la información a la Fiscalía para con la finalidad que se evite la afectación al patrimonio, por supuesto la conservación del bien, que no se disponga para una tercera persona, porque allí viene otro bagaje jurídico que luego complica la situación”, declaró Montes de Oca Rosales.
En otra entrevista que le realizaron a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, el servidor púbico, reiteró que a lo largo de los años, “se ha dado como práctica común en Quintana Roo la invasión de propiedades por grupos delictivos organizados, de ahí que para poner freno a esa situación se implementaron unidades de investigación por el delito de despojo”.
Oscar Montes de Oca Rosales, recordó que hace unos días se abrieron dos carpetas de investigación por despojo y otra por rompimiento de sellos por un terreno en Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, a donde unos individuos llegaron, sacaron al velador a la fuerza, metieron camiones y maquinaria. El propietario acudió a la Fiscalía a interponer su denuncia y se implementó un operativo de desalojo.

OPERAN EN LA RIVIERA MAYA DESPACHOS DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DESPOJO

Al llegar, los invasores habían abandonado el sitio, por lo que se colocaron sellos de aseguramiento y el predio quedó bajo resguardo de la Secretaria de Seguridad Pública. Al sitio se presentaron dos personas, uno de las cuales dijo tener derechos sobre el inmueble, rompió los sellos, lo cual es un delito y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Además de la carpeta de investigación por romper los sellos, se abrió otra por el delito de despojo.
El fiscal general de la entidad, identifica que los despojos afectan la tenencia de la tierra y que “son cometidos por grupos profesionales de criminales”.
Desde hace dos meses la Fiscalía General, junto con organizaciones de la sociedad civil, comenzó a implementar en el Estado unidades de investigación por delito de despojo e invitó a otras organizaciones a sumarse a ese ejercicio, mediante el cual se busca hacer valer el estado de derecho y dar certeza jurídica sobre las tierras.

“La Fiscalía no define quién es el propietario, eso corresponde a los tribunales, pero estamos actuando, debido a que hay muchos inmuebles invadidos de manera sistemática por organizaciones criminales que se valen de cualquier cosa”, aclaró el fiscal.

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“Para este ejercicio de transparencia la Fiscalía actúa apegada a la ley para evitar los ataques sistemáticos de esos criminales, quienes al verse descubiertos en sus maniobras ilegitimas, hacen acusaciones falsas contra la autoridad”.
En Quintana Roo nadie se escapa de los despojos, ejidatarios, propietarios, nacionales y extranjeros, así como el propio gobierno federal.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante los últimos años ha destinado recursos financieros, técnicos y humanos para defender sus propiedades, pues en múltiples ocasiones ha tenido que llegar a tribunales.
Por ejemplo, un grupo empresarial que obtuvo un contrato para la limpieza del sargazo, luego de no cumplir en tiempo y forma, reclamó como suyo un predio de unos mil 500 metros cuadrados en el centro de Cancún, propiedad del referido organismo federal, cuyo departamento jurídico, en abril de 2019, tuvo que emprender acciones legales correspondientes para recuperar el predio con un valor de unos 15 millones de pesos. La Fiscalía General de la República ha iniciado una carpeta de investigación al respecto.
Otro caso ha sido el de un predio de Playa Delfines, el cual tuvo que ser recuperado por Fonatur por la vía legal.
La normatividad es muy precisa cuando se trata del patrimonio nacional como lo establece la Ley de Bienes Nacionales, la cual establece que los bienes propiedad de la Nación y de la administración pública federal son inalienables e imprescriptibles, por lo que la posesión continúa y pacífica que habría realizado algún posesionario, no le da derecho a quedarse con el predio, por lo tanto Fonatur seguirá las reglas para recuperarlo.
Pero cuando se trata de la propiedad de un particular o de un ejido, allí la situación jurídica cambia, por la intervención personas servidoras públicas que están en contubernio con la delincuencia organizada que opera este tipo de despojos.
Desafortunadamente, hay colusión de policías, peritos, personal de las agencias del Ministerio Público, empleados del Poder Judicial, del Registro Público de la Propiedad, notarios públicos, magistrados de la judicatura, partidos políticos, Diputados federales entre otros, entre otros servidores públicos, quienes han tejido una red delincuencial que les permite apropiarse de los inmuebles ajenos, así como de espacios públicos que son propiedad de los municipios.

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