Regulación a comercio informal, puerta a la corrupción e impunidad: Diana Sánchez

Con la aprobación del dictamen para expedir la Ley que Regula las Actividades de las Personas Trabajadoras no Asalariadas, Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, Productoras de Bienes Artesanías y de los Comerciantes en el Espacio Público de la CDMX, en el Congreso capitalino se abre la puerta a la corrupción, a la represión, al encarcelamiento a personas inocentes que sólo buscan trabajar en el comercio popular afirmó Diana Sánchez Barrios activista social y defensora de los derechos humanos.
También dejó en claro que si este dictamen es avalado de nueva cuenta en el pleno “nosotros nos vamos a amparar, vamos a ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
Asimismo, dejó en claro que dicho dictamen no se avaló por unanimidad, debido a que  hubo seis votos a favor, pero cinco abstenciones de legisladores del PRD y del PAN y del representante popular de Morena Ricardo Ruiz.
Además, Sánchez Barrios acusó que esta normatividad contiene elementos violatorios de derechos y dejan abierto un amplio margen de discrecionalidad en detrimento del comerciante en vía pública.
Habló en específico del artículo 12, el cual establece que las autoridades no podrán expedir autorizaciones para el comercio no establecido en vías primarias, prados, camellones, así como en el interior de estaciones del Metro, en el Metrobús, y cualquier otro transporte público, además de que está prohibida su operación en accesos a los espectáculos públicos, entradas a estacionamientos de autos, áreas de acceso y tránsito de hospitales, clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, zonas remodeladas, espacios públicos recuperados y otros lugares similares que determine el Reglamento en la materia
“Esto significa cualquier ocurrencia o discrecionalidad de la jefatura de gobierno y si decidiera el gobierno que no se permite el comercio en ningún punto de la Ciudad, ustedes habrán avalado esa restricción”, acusó Diana Sánchez.
Expuso que la Constitución capitalina garantiza el derecho a un trabajo digno para las y los trabajadores en el espacio público, pero lamentó que este dictamen excluye a grupos de atención prioritaria, además de que es invasivo de la libertad de asociación.
Dijo también que en 24 supuestos, la nueva ley remite a un reglamento que deberán elaborar las autoridades capitalinas y así ejemplificó la forma en la que los diputados renunciaron a su facultad legislativa, para dejar todo en un reglamento que impondrá restricciones “con peligrosidad”.
Un ejemplo de lo mencionado por Sánchez Barrios está en el artículo 13, donde al hablar del ordenamiento de la venta de alimentos en la vía pública se señala que los controles de calidad quedarán establecidos en el Reglamento respectivo y en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

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