Privilegio a obras de relumbrón y no a salud

*2020, año en el que se privilegió una megaobra ferroviaria, en lugar que la salud de los mayas

*Niñas, niños y adolescentes, población expuesta a violencia durante la pandemia en sus entornos y por omisiones estatales

*Los tres niveles de gobierno se unen para allanarle el camino al Tren Maya

Por Graciela Machuca Martínez

Termina el 2020 y la obra del Tren Maya se sigue fortaleciendo. A pesar de la contingencia sanitaria nacional debido a la pandemia de la Covid-19, el gobierno federal tiene como prioridad nacional la construcción del Tren Maya, aún a costa de la salud de la población, porque los miles de millones de pesos que se requirieron para construir hospitales y atender a la población en general fueron canalizados a la obra preferida del presidente de la República: el Tren Maya.

Hay evidencias que mientras empresas transnacionales fueron beneficiadas con contratos multimillonarios, la población indígena de Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por el coronavirus, porque solo un hospital se improvisó con algunas decenas de camas, cuando miles de personas han resultado contagiadas.

Se ha documentado qué a lo largo de la pandemia, pueblos indígenas de la Península de Yucatán han resultado afectados por la pandemia, como lo revela el reporte que se elaboró con información oficial de la Secretaría de Salud por el propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), a finales del mes de septiembre pasado.

El pasado 11 de agosto de 2020 el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) reportó mil 141 contagios de personas mayas y 125 fallecimientos, colocando a Yucatán en el primer lugar de decesos por Covid-19 de población indígena.

Estos resultados se suman a las cifras registradas en municipios del estado de Quintana Roo como Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Tulum, “debido a que la población no tiene acceso a la información para prevenir los contagios ni para acudir a hospitales y recibir tratamiento contra el virus”. Para nosotros esto no es nuevo, ya que en este espacio hemos recordado que el último hospital que se construyó para la zona maya fue en el gobierno de Adolfo López Mateos, allí por la lejana década de los cincuenta en el Siglo XX. Hace más de 60 años.

También hemos informado que si ha habido alguna inversión para atender la infraestructura sanitaria en la región ha sido para adecuaciones, para poner o quitar parches, lo que nos lleva a una sola conclusión, a los gobiernos federales y estatales y mucho menos a los municipales, no les importa la salud de los mayas.

A pesar que el INPI elaboró y publicó una guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la Emergencia Sanitaria Generada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, difundida en 61 variantes lingüísticas a través de medios, la información es insuficiente.porque la mayoría de los habitantes de las comunidades mayas no tienen acceso a la tecnología ni conocimientos sobre medios de información digitales, dio a conocer la Plataforma Indígena Regional ante el Covid-19.

El 26 de diciembre, la agencia Quadratín Quintana Roo dio a conocer desde Felipe Carrillo Puerto que Según cifras del Centro Coordinador de Población Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se ubica a Quintana Roo junto a Nuevo León, Tabasco, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Baja California y Sonora, como de las entidades con más indígenas fallecidos por coronavirus.

De acuerdo a la referida agencia informativa, la pandemia ha dejado al menos 27 mil 303 decesos entre la población indígena, lo que representa 22.8 por ciento del total de las muertes registradas en México, mismas que ascienden a 119 mil 495 casos acumulados, según datos de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Esta secretaría señala que hasta el 21 de diciembre, se tenía registro de 290 mil 901 casos positivos confirmados entre esta población, lo que también equivale a 21.7 por ciento del total de pacientes con diagnóstico.

PANDEMIA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE ACUERDO A CEPAL

Otro de los grupos en condiciones de vulnerabilidad en tiempos de COVID-19, son el de las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe que han estado y están expuestos a un mayor riesgo de ser víctimas de violencia en el hogar, a la vez que cuentan con menos factores de protección, advierte un documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra la Niñez.

El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

El documento dado a conocer por el organismo regional a mediados del mes de diciembre, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

De acuerdo a CEPAL, a lo anterior se suma “la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea”.

Además, este documento señala que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado.

“Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual”.

FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS SE UNEN PARA ALLANARLE EL CAMINO AL TREN MAYA

Mientras los pueblos indígenas en el sureste de México, así como mujeres, niñas, niños y adolescentes, enfrentan violencia y olvido institucional durante la pandemia, el gobierno mexicano sigue priorizando acciones para sacar adelante la obra del sexenio en beneficio de grandes consorcios extranjeros y mexicanos que se beneficiarán de la infraestructura que se financiará con recursos públicos, que soportará sus inversiones en las atapas subsiguientes del Tren Maya.

El 20 de diciembre pasado, el gobierno  federal, junto con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como 18 de los municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste y así gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya.

Según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el objetivo de este programa “es sentar las bases para el desarrollo conjunto de los procesos en materia de planeación territorial, desarrollo urbano y medio ambiente con una homologación, que complemente la formulación de los programas regionales de ordenamiento territorial y ecológico del proyecto de desarrollo Tren Maya, para procurar que éstos se realicen de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia internacional”.

Para el organismo federal, este convenio representa un hito en la historia del sureste del país, pues demuestra la voluntad política de los tres órdenes de gobierno para coordinar esfuerzos en beneficio de las personas, “garantizando su derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Asimismo, este acuerdo detona el ejercicio de una responsabilidad compartida entre las ciudades, las comunidades rurales y sus actividades productivas”.

Las dependencias y entidades estatales y municipales “conjuntarán esfuerzos desde el ámbito de sus atribuciones y competencias” aportando elementos técnicos, estrategias y metodologías que buscan:

Líneas estratégicas para la conformación de programas y/o la incorporación en programas preexistentes que contemplen el ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, desarrollo metropolitano y la creación de políticas públicas; estrategias territoriales y de desarrollo urbano; vigilar la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género; establecer esquemas prospectivos para las acciones que pretendan desarrollarse en la región; participar en la conformación del Comité Regional de Ordenamiento Territorial para el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.

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