Como delito agravado, propone legisladora del SNTE considerar robo a escuelas

Por Gerardo González Acosta

Para establecer como agravante del delito de robo la sustracción que se cometa en contra de una institución educativa pública, la diputada federal Sonia Rincón Chanona presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal.

La pena debe ser proporcional al daño causado, es decir justa tanto para el delincuente como para la víctima, porque la educación no puede concebirse sin infraestructura, establece la propuesta.

La legisladora, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), considera importante castigar con mayor severidad la conducta delictiva para inhibir su comisión, ya que este delito ha ido en aumento.

Dijo que hasta mayo de este año, entre 40 y 50 por ciento de los planteles fueron vandalizados o registraron robos durante los 14 meses de la contingencia sanitaria.

Esto representó entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación, de las 216 mil 130 que existen en el país, detalló.

Sonia Rincón Chanona, del partido Morena, dijo que la infraestructura educativa está irremediablemente asociada a la escuela en su concepto más amplio e integral y ésta al de educación en tanto valor supremo y derecho humano, de ahí que la educación no puede concebirse sin infraestructura.

Por ello, el robo a las escuelas públicas debe constituir una agravante en razón del daño causado en lo individual a cada estudiante y docente, así como en lo general a toda la comunidad educativa y a la sociedad mexicana, con independencia del monto económico.

La legisladora por Chiapas comentó que el robo a las escuelas públicas es un impedimento para avanzar hacia una educación de excelencia; atenta contra el derecho humano a la educación y el derecho humano al trabajo de los maestros.

Por sus consecuencias es una conducta repudiable que atenta contra la dignidad humana y contra los bienes públicos, señaló Rincón Chanona.

Dijo que el robo a las escuelas públicas no debe ser sancionado con una pena menor al cometido por un trabajador en contra de su patrón, o al que se comete en caminos y carreteras, o al que se refiere al apoderamiento de vías, partes o equipo ferroviario.

De ahí que es importante que constituya una agravante, para que además de la pena que corresponda conforme a las modalidades del Código Penal Federal, se agreguen de 2 a 7 años de prisión, en la idea de debilitar que sea cometido.

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