*También le persiguen las desapariciones, extorsiones y de una gran debilidad institucional

México registró durante 2025 una mejora importante en distintos indicadores asociados a la paz y la violencia, particularmente en materia de homicidios. Sin embargo, el país continúa enfrentando desafíos estructurales que mantienen un escenario complejo y frágil para la consolidación de una paz sostenible, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026 (IPM), elaborado por El Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

La decimotercera edición del informe muestra que la paz en México mejoró 5.1% durante el último año y que el número de homicidios registró una reducción de 22.7%, esta disminución representa aproximadamente siete mil homicidios menos respecto a 2024.

No obstante, el IPM advierte que estos avances deben leerse con cautela. La reducción de la violencia letal no implica necesariamente una transformación estructural de las condiciones de seguridad, ya que otros delitos y expresiones de violencia continúan creciendo o consolidándose en distintas regiones del país.

El informe sostiene que México atraviesa una etapa de transición en las dinámicas de violencia y criminalidad. Mientras ciertos indicadores de alta letalidad muestran disminuciones en sus tasas de incidencia, otras formas de violencia asociadas a la fragmentación de los cárteles, la violencia familiar, las desapariciones, la extorsión y la debilidad institucional que mantienen presión sobre el tejido social, las instituciones públicas y la economía nacional.

Uno de los hallazgos más relevantes del IPM 2026 es el cambio en la naturaleza de la violencia. La violencia familiar se consolidó como el delito violento más frecuente en el país, superando al robo y a las lesiones. Paralelamente, los delitos cometidos con arma de fuego continúan mostrando una tendencia al alza, reflejando la persistencia de altos niveles de disponibilidad de armamento y la expansión de dinámicas violentas hacia ámbitos comunitarios y cotidianos.

El informe advierte que estas expresiones de violencia tienen impactos profundos sobre la cohesión social y la estabilidad de las comunidades, particularmente en contextos donde las instituciones locales presentan capacidades limitadas de prevención, atención e impartición de justicia.

Asimismo, el número de personas desaparecidas y no localizadas continúa creciendo. Desde 2010, más de 113 mil personas han desaparecido en México, una cifra que el IPM vincula tanto a la persistencia de estructuras criminales como a las limitaciones institucionales en materia de búsqueda, investigación y acceso a la justicia.

El reporte subraya que las desapariciones representan uno de los desafíos más delicados para el Estado mexicano, no sólo por su dimensión humanitaria, sino también por el deterioro que generan en la confianza ciudadana y en la legitimidad institucional.

En materia de delincuencia organizada, el IPM identifica una transformación relevante en las estructuras criminales. La fragmentación de los grandes cárteles en células más pequeñas y regionales ha diversificado las actividades ilícitas, incrementando delitos como la extorsión, el control de economías locales y la violencia territorial focalizada.

El estudio señala que esta atomización criminal ha vuelto más compleja la contención de la violencia, al multiplicar actores locales con capacidad de disputa y control territorial. En entidades como Sinaloa, los conflictos internos entre facciones criminales provocaron incrementos importantes en los niveles de violencia, evidenciando la fragilidad de algunos avances recientes.

De acuerdo con el IPM, la violencia en México presenta una marcada disparidad regional. Aunque 22 estados registraron mejoras en sus niveles de paz, las restantes 10 entidades experimentaron deterioros importantes asociados principalmente a conflictos entre grupos criminales, debilidad institucional y violencia localizada.

Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico del país por noveno año consecutivo, mientras que Colima conservó la posición como la entidad menos pacífica debido a sus elevados niveles de homicidio y criminalidad organizada.

El informe también advierte que la consolidación de la paz enfrenta obstáculos relacionados con las capacidades del sistema de justicia. México continúa registrando altos niveles de impunidad, bajos niveles de denuncia y una limitada capacidad institucional para investigar y procesar delitos.

En este contexto, el IPM destaca que la población privada de la libertad alcanzó en 2025 el nivel más alto registrado, superando las 256 mil personas encarceladas. El incremento de la población penitenciaria y la sobrepoblación en diversos centros de reinserción social representan riesgos importantes para los procesos de reinserción y gobernabilidad penitenciaria.

El estudio señala que el sistema penitenciario enfrenta retos estructurales asociados a la insuficiencia presupuestaria, el rezago judicial y la limitada capacidad institucional para garantizar procesos efectivos de reinserción social. Estas condiciones, advierte el informe, pueden contribuir a la reproducción de dinámicas de violencia y reincidencia criminal.

El IPM también destaca la importancia del contexto institucional derivado de la reforma judicial y la elección de jueces, señalando que la fortaleza del Estado de Derecho y la independencia judicial son componentes fundamentales para la sostenibilidad de la paz.

El informe subraya que México mantiene un déficit histórico en capacidades judiciales y ministeriales, con bajos niveles de personal jurisdiccional respecto a estándares internacionales, altos niveles de impunidad y rezagos significativos en la resolución de procesos penales.

Michael Collins, director para las Américas de El Instituto para la Economía y la Paz, dijo que “la reducción de homicidios representa un avance importante y debe reconocerse como tal; sin embargo, la sostenibilidad de estos resultados dependerá de la capacidad institucional para enfrentar formas de violencia más fragmentadas, complejas y extendidas socialmente”.

Collins agregó que “la construcción de paz no depende únicamente de reducir la violencia letal, sino de fortalecer las instituciones, mejorar el acceso a la justicia y consolidar condiciones sociales que permitan reducir la violencia en todas sus expresiones”.

En términos económicos, el IPM estima que el impacto de la violencia en México ascendió a cuatro billones de pesos durante 2025, equivalentes a aproximadamente 11% del PIB nacional. Aunque esta cifra representa una disminución anual de 11.4%, el informe advierte que la violencia continúa constituyendo uno de los principales costos estructurales para el desarrollo económico y social del país.

En este sentido, destaca el impacto económico per cápita a nivel nacional, que en 2025 fue de 30 mil pesos, casi el doble del salario mensual promedio en México.

Sin embargo, dicho impacto no se distribuye de manera uniforme: en Yucatán el impacto económico per cápita fue de 11 mil pesos; mientras que en Colima alcanzó los 70 mil pesos, casi seis veces más. En Guerrero y Morelos, el costo de la violencia representó más de un tercio del PIB de cada estado.

El estudio sostiene que incrementar el gasto público en seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia, fortalecimiento policial, investigación criminal y sistemas de reinserción social podría contribuir a reducir los costos asociados a la violencia en el largo plazo.

Actualmente, México destina proporciones limitadas de su gasto público a instituciones civiles de seguridad y justicia en comparación con otros países de América Latina y de la OCDE. El informe considera que fortalecer estas
capacidades es indispensable para consolidar los avances observados y reducir la fragilidad institucional que aún caracteriza a distintas regiones del país.

El IPM 2026 concluye que México muestra señales importantes de mejora en algunos indicadores de paz, particularmente en la reducción de homicidios y en la disminución del impacto económico de la violencia. No obstante, advierte que la persistencia de desapariciones, violencia intrafamiliar, extorsión, delitos con arma
de fuego y fragmentación criminal refleja que la violencia en el país atraviesa una fase de transformación más que de resolución definitiva.

En este sentido, el informe insiste en que la sostenibilidad de la paz dependerá del fortalecimiento de los pilares de la paz positiva: instituciones eficaces, bajos niveles de corrupción, acceso a la justicia, cohesión social y capacidades estatales capaces de responder de manera integral a las nuevas dinámicas de violencia y criminalidad.