*Embargo de información del caso Rocha Moya nos hace cómplices

Por Miguel A. Rocha Valencia

Más allá de las presiones internas y externas que sin duda debe soportar la jefa del Ejecutivo, principalmente en materia de seguridad y económico-financiera, hay hechos que resultan contradictorios y hasta inexplicables que profundizan los conflictos en vez de solucionarlos.

Así, en el caso remasterizado de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares y coacusados, «a alguien» se le ocurrió otorgar un blindaje de cinco años a toda la información que hay en torno al asunto, incluyendo el supuesto interrogatorio a que fueron sometidos el gobernador con licencia y el senador, ambos desapareciditos, pero que cobran como si estuvieran en funciones; pero al mismo tiempo se exige a Estados Unidos entregue todos los datos del caso.

Como planteamos en espacio anterior, resulta muy curioso, «oportunísimo», que el caso resurja justo cuando pasó la euforia futbolística y en momentos en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que parte de las ganancias que obtiene del huachicol van a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, «con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles».

Al mismo tiempo se informa que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión y busca detener a tres mandos militares que se encuentran prófugos por permitir el ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustible en la Aduana de Matamoros.

Los militares involucrados en esta red de huachicol fiscal son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, y el teniente de Policía Militar Jorge García García, con lo cual queda claro que las Fuerzas Armadas de México, lo mismo de verde que blanco, están metidas en el negocio más productivo en la era de la 4T, que implica el robo de combustibles con fines de refinación en el extranjero para reingresarlos fraudulentamente al país.

Es en ese marco que se reavivó el caso del narcogobierno donde pieza central parecen ser «El Rocha» y «El Inzunza» como enlaces, protectores o socios del cártel de Sinaloa, ambos nativos de Badiraguato que, curiosamente, también es cuna de El Chapo Guzmán Loera y toda su prole, esa que se afirma negoció con Estados Unidos la entrega de «El Mayo» Zambada García y de dos de los hijos de «Don Joaquín», como diría el profeta.

El problema, dirían los entrados, es que el asunto tiene efectos a nivel nacional ya que afecta la relación comercial y política, concretamente con el T-MEC y el diálogo político con quienes compartimos tres mil kilómetros de una frontera ya de por sí complicada.

Y en vez de tomar caminos para resolver ese rompimiento de diálogo, se adoptan medidas que nos hacen aparecer como cómplices de una red criminal que involucra al actual gobierno y a varias de sus instituciones que, por lo mismo, pierden credibilidad y poder de interlocución.

Como si fuera una respuesta a los pedimentos estadounidenses, en vez de cumplir con los términos del Tratado de Extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México da a conocer que se blindan, ocultan o reservan por cinco años, al menos, todos los datos de las indagatorias realizadas por la Fiscalía «carnal» de la República en torno al Rocha, incluyendo el supuesto interrogatorio a que fue sometido en Sinaloa por parte de agentes del Ministerio Público federal.

Eso mientras que desde Palacio Nacional se exige al gobierno estadounidense que revele toda la información en torno a la sustracción o llegada a su territorio de El Mayo Zambada, quien de entrada ya aceptó culpas, ser testigo colaborador a cambio de no ser condenado a muerte y recibir atención médica. Entonces, ¿quién oculta información?

Insistimos, algo viene y muy duro; la acusación de que el dinero del robo de combustible en que se involucra a las Fuerzas Armadas de México no es gratuito, ni tampoco el que se afirme en la Unión Americana que parte de las «ganancias» del ilícito negocio sirven para financiar campañas, presunción que sin duda procedería de lo que el rey del huachicol, Sergio Carmona y su hermano, alcanzaron a despepitar ante el FBI antes de que el primero fuera ejecutado en una barbería.

Todo dentro de una organización que operaba en Tamaulipas y de ahí a todo el país, donde al parecer el actual senador José Ramón Gómez Leal era el manipulador político y enlace con el exlíder de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Esperemos a ver si tocan a algún distinguido funcionario de Pemex, donde si pueden localizar una llave domiciliaria en Gustavo A. Madero para extraer combustible, cómo es que no detectaban un robo de al menos un millón de barriles diarios de crudo. Inexplicable sin la complicidad desde adentro.