Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

El programa del Derby de Kentucky —que se correrá el próximo sábado 2 de mayo— luce, como es costumbre, espectacular. La función completa es complicada de pronosticar y, sin duda, más de uno tendrá que invocar a Briján para que nos eche una mano.

No es un evento menor. Se trata de la edición 152 del Derby, a celebrarse en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky, dentro de una industria que mantiene su vigor y atractivo a nivel global.

Quien sostenga que las carreras de caballos —la hípica mundial— están en declive, simplemente está mal informado. Los hechos dicen otra cosa. Países con condiciones económicas y políticas complejas han logrado sostener —e incluso fortalecer— su actividad hípica. Venezuela, pese a su contexto, no dejó caer su industria gracias al respaldo gubernamental. Uruguay presume una hípica ordenada y competitiva. Panamá mantiene una operación digna. Y Japón —caso ejemplar— ha llevado el espectáculo a estándares de primer nivel mundial.

La hípica, como toda industria, ha tenido que adaptarse. Enfrenta la competencia feroz de otros juegos y espectáculos deportivos: futbol, beisbol y otros “boles” es un amplio abanico de apuestas modernas. Sin embargo, lejos de desaparecer, ha evolucionado, diversificado sus ingresos y fortalecido su estructura en los países donde existe visión y  política pública.

Y ahí es donde México se descarrila.

En nuestro sufrido país, el abandono por parte de la autoridad reguladora —la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS)— es, simple y llanamente, inexcusable. Sigue manteniendo a una autoridad hípica —el Comité— que sigue haciendo de las suyas. Ya lo he comentado hasta la saciedad.

A principios de febrero del presente año, ejerciendo un derecho elemental en cualquier democracia funcional —el acceso a la información— solicitamos, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, conocer los términos bajo los cuales se autorizó la temporada 2026 de la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas.
La respuesta llegó el 22 de abril. Y cito textualmente:

“Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la DGJS, se hace de su conocimiento que la DG no se encuentra en posibilidad de proporcionar dicha información, toda vez que se trata de un asunto en proceso y trámite, sobre el cual aún no se cuenta con una resolución”.

Aquí es donde la lógica se rompe.

El primer programa de carreras se celebró el sábado 21 de febrero. Es decir, dos meses antes de esa respuesta. Resulta imposible que una temporada de carreras opere sin autorización previa: programas, premios, calendario, condiciones técnicas. Todo ello requiere, necesariamente, la aprobación de la autoridad.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede la autoridad afirmar que “no existe resolución” cuando los hechos demuestran que la actividad ya estaba en marcha?

La única explicación posible es preocupante: o bien la autoridad no sabe lo que autoriza, o bien autoriza sin dejar rastro administrativo, o peor aún, opera en la opacidad.

Y en cualquiera de los tres escenarios, el resultado es el mismo: un sistema capturado por la ineptitud, la simulación o la corrupción.

El llamado Órgano Técnico de Consulta —esa figura burocrática creada en tiempos de Santiago Creel— probablemente habrá emitido, tal vez, una opinión favorable. Un trámite más para legitimar decisiones que nadie explica y nadie supervisa.

Lo que estamos viendo no es un problema aislado. Es un patrón. Una industria con enorme potencial económico —capaz de generar empleos especializados, ingresos fiscales y desarrollo regional— está siendo sistemáticamente abandonada.

Y lo más grave: no hay responsables.

Ni en el pasado reciente, ni en el presente gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, donde todo indica que la prioridad no es regular, sino tolerar; no es transparentar, sino encubrir.
La hípica mundial avanza. México retrocede. ¿Quién explica lo que está pasando?