*No entregar a Rocha Moya traerá daños graves a México y 4T

Por Miguel A. Rocha Valencia

Ahora dicen en “Palacio” que, como Estados Unidos no entrega a 32 presuntos criminales reclamados por México, en reciprocidad nuestro país no estaría obligado a extraditar a Rubén Rocha Moya.

Lo que no se toma en cuenta desde el oficialismo es que no es lo mismo ni estamos en igualdad de circunstancias, ya que, por un lado, los requeridos por México son personas individuales y comunes, pero lo del gobernador con licencia es un tema de agrupación criminal de las consideradas terroristas, que implica directamente a la operación de un partido con recursos ilegales.

Son dos puntos de vista, dos concepciones, y si se toma en cuenta cómo las tipifican del otro lado de la frontera, el caso Rocha Moya es parte de acciones concertadas por un grupo criminal disfrazado de político que, al final de cuentas, cae en el terreno del terrorismo y quienes estén asociados con él serían catalogados igual.

Es decir, en términos generales, el asunto de Sinaloa sería un referente para la 4T que cae, de acuerdo con los lineamientos de la justicia estadunidense, en el rango de narcopartido y su narcogobierno, es decir, en organizaciones terroristas y, en ese sentido, se abre la puerta para diversas acciones de la justicia y fuerzas armadas del vecino país, que algunos confían, por la dependencia comercial, no llegarían a extremos de intervenciones directas, violentas o no.

Lo cierto es que no creemos que alguno de los reclamados por México a la justicia estadunidense esté en el supuesto de narcotraficantes o de terroristas, ni siquiera en alguno de los tipos de asociación delictuosa o conspirativa.

La estatura de unos y otros no es la misma y, aunque se trate de delitos electorales que el oficialismo no quiere reconocer, pero sabe que existen pruebas suficientes, no lo va a aceptar abiertamente simplemente porque salpica a toda la estructura del partido Morena, empezando por el tlatoani tabasqueño, a su doctrina y, obviamente, su legado electoral, incluyendo algunos gobernadores, congresos y municipalidades.

Desde todos los puntos de vista es reconocible esta situación, pero por estrategia se niegan las cosas, aunque en los hechos o por lo bajo se esté actuando en consecuencia. Rocha Moya y secuaces están a resguardo, como se pidió, y será difícil que se mueva de donde está porque ya le pusieron “cola” y, si la elude, se puede “enfermar” gravemente.

La acción de la UIF, que se reporta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene lógica, pues de otra manera podría iniciarse, como ya se amenazó, una ¿nueva investigación?, que seguramente ya está en curso para acusar a instituciones que operan en México de ser parte de la conspiración criminal en que se involucra a los sinaloenses.

Si no se actúa, se van a armar complicidades, sobre todo porque a estas alturas tanto la CIA como el Departamento del Tesoro norteamericano ya tienen perfectamente ubicados los recursos financieros de todos los indiciados, incluyendo, como se dice, los de los tres hijos de Rocha Moya.

El tema está escalando y no importa lo de la demagógica soberanía. O se está tejiendo muy fino por abajo del agua y sólo se vocifera para el respetable, o de plano nos estamos empinando, porque lo del cártel de Sinaloa se puede traducir a nivel nacional, involucrar al nuevo partidazo o nueva mafia en el poder como organización criminal y entonces sí, con todo y soberanía, nos van a aplicar las asimetrías económicas y financieras.

Bueno, hasta las “instituciones electorales”, antes autónomas y hoy sometidas o colonizadas por Morena, quedarían empinadas con todos los “respetables” consejeros y magistrados.

Porque además, a la hora de los trancazos, ¿para dónde creen que se van a inclinar los señores del dinero en México? Seguramente no van a aplicar ni el “más si osare” ni el “mexicanos al grito de guerra”, como ya lo hacen actualmente tan sólo por el marco legal construido por los morenos. Con lo que sucede, no van a meter dinero ni va a llegar del extranjero.

Hay mucho en juego y en Palacio Nacional lo saben, incluyendo su propia sobrevivencia, porque ya de por sí se habla de un narcogobierno, que los criminales son quienes mandan y que nuestras autoridades son muy débiles.

Ahora pasarían al estatus de cómplices, lo mismo que las instituciones bancarias que manejen algún peso de los indiciados por la Corte Sur de Nueva York, por eso no resulta increíble que la Unidad de Inteligencia de Hacienda ordene, por simple presunción, conveniencia o a petición de sus pares en Estados Unidos, que se congelen cuentas y haberes de los “desaparecidos”, que de alguna manera ya están a buen resguardo.